SEGÚN LA DPCA
Los actos de corrupción conocidos en República Dominicana en los últimos 10 años han resultado en la malversación de unos 2.900 millones de dólares, según denunció hoy el funcionario responsable de perseguir ese flagelo en el país en declaraciones a la prensa local.
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 Hotoniel Bonilla García, director de la DPCA. ( Foto: Fuente Externa ) |
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El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, precisó que el 95 por ciento de los casos de corrupción hecho públicos permanecen impunes debido a que la justicia no aplica la ley a todos los acusados por igual.
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En ese sentido, aseguró que cuando los tribunales conocen un expediente acusatorio contra un funcionario de menor jerarquía las pruebas son suficientes y se llega a juicio de fondo, mientras que todo lo contrario sucede cuando los funcionarios son "poderosos".
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Bonilla involucró en su denuncia a los fraudes bancarios cometidos en el país en 2003 y que estuvieron a punto de causar el colapso de la economía dominicana.
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Destacó que los fraudes y la posterior quiebra de tres bancos en 2003 significaron la malversación de casi 2.000 millones de dólares, los que fueron asumidos por el Estado para garantizar los recursos a los ahorradores de esas entidades financieras, "en violación" a la ley bancaria, aseguró.
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Bonilla también dijo que el sistema de justicia dominicano "no está concebido" para perseguir y sancionar penalmente a los políticos.
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"El sistema político mantiene mucha incidencia sobre el sistema judicial, incluido el Ministerio Público, la Policía Nacional y todos los organismos de la investigación", explicó.
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El funcionario indicó que ha llegado a esas conclusiones, tras su permanencia de más de cinco años como director del Departamento Anticorrupción dominicano.
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En ese sentido, aseguró que cuando los tribunales conocen un expediente acusatorio contra un funcionario de menor jerarquía las pruebas son suficientes y se llega a juicio de fondo, mientras que todo lo contrario sucede cuando los funcionarios son "poderosos".
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Bonilla involucró en su denuncia a los fraudes bancarios cometidos en el país en 2003 y que estuvieron a punto de causar el colapso de la economía dominicana.
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Destacó que los fraudes y la posterior quiebra de tres bancos en 2003 significaron la malversación de casi 2.000 millones de dólares, los que fueron asumidos por el Estado para garantizar los recursos a los ahorradores de esas entidades financieras, "en violación" a la ley bancaria, aseguró.
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Bonilla también dijo que el sistema de justicia dominicano "no está concebido" para perseguir y sancionar penalmente a los políticos.
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"El sistema político mantiene mucha incidencia sobre el sistema judicial, incluido el Ministerio Público, la Policía Nacional y todos los organismos de la investigación", explicó.
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El funcionario indicó que ha llegado a esas conclusiones, tras su permanencia de más de cinco años como director del Departamento Anticorrupción dominicano.
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