Vásquez dijo que en este momento existe un conflicto entre la empresa y el alcalde Rafael Molina Lluberes, quien demanda el pago de los arbitrios por rodaje, uso de suelos y otros conceptos, ascendentes a más de RD$300 millones.
Aseguró tener información de ejecutivos de la empresa de que los equipos que están paralizados en el muelle de Samaná tienen que pagar la suma de US$10 mil por hora, por lo que en estos momentos el Estado pierde US$7.2 millones.
Dijo que se unió al alcalde, regidores y al pueblo porque entiende que la Barrick no puede explotar los recursos de la provincia sin brindar ningún beneficio o sin cumplir los requisitos de ley.
Vásquez dijo que la Ley 176 es clara y establece los requisitos que esa empresa debe cumplir, exhortó a los ejecutivos de la minera y al Ministerio de Hacienda a poner fin al conflicto.
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