VIVIR EN PARTE ATRA O EN PATIO


por Olaya Dotel*
En los barrios de República Dominicana vivir “parte atrá” significa habitar viviendas en condición de hacinamiento, con baños en malas condiciones y con unos recursos que sólo alcanzan para mal alimentarse.
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Por tanto, se podría afirmar que la educación pública del país está en la “parte atrá” de América Latina. Escuelas sin baños y malolientes, sin electricidad y contando a penas con pizarras y tizas, como mayor recurso tecnológico, han contribuido a que República Dominicana esté entre los que tienen los peores índices de la región en lectoescritura, matemáticas y educación cívica.
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La respuesta del gobierno, a la situación de marginalidad que vive la educación pública dominicana, desde la reciente pasada XX Cumbre Iberoamericana es que “de lo que se traba es de elaborar aplicaciones y contenidos que recojan nuestra herencia y tradiciones, y que sirvan como proyectos identitarios de carácter nacional: ese es el gran desafío”.
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Por tanto, para el Presidente Leonel Fernández, situaciones tales como el estado la indigencia en que se encuentran los maestros y maestras, el hacinamiento de nuestras aulas, así como los graves problemas sanitarios que sufren las escuelas públicas no forman parte del “gran desafío” de su gobierno.
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No obstante, la sociedad dominicana piensa diferente. Esta entiende que el “gran desafío” es rescatar la dignidad de la educación pública. Profesores bien formados, para lo cual se necesita reforzar sus procesos de capacitación permanente.
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Docentes con mejores condiciones laborales, lo que debe traducirse en salario digno, una sola tanda y seguro médico es una prioridad.
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Escuelas con energía eléctrica, agua, baños limpios y aulas ventiladas son imprescindibles para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Los dominicanos y dominicanas queremos una educación pública que esté “en el frente”, para lo cual se necesita que el Poder Ejecutivo, así como el resto de los Poderes del Estado cumplan con la ley general de educación, dedicando el 4% del PIB a educación.
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Sólo entonces el Presidente Fernández tendrá autoridad moral para proponer un nuevo tema de discusión pública en el ámbito de la educación.
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