por Olaya Dotel*Las sucesivas intoxicaciones de los niños y niñas en nuestras escuelas como resultado de la ingesta del desayuno escolar, la quiebra del seguro médico de los maestros y maestras, así como la negativa de la dirección política del país a dedicar el 4% del PIB a educación, son indicadores de la ilegalidad en que ha caído el Estado dominicano y su costo para la vida de la población.
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El problema del desayuno escolar y la quiebra del SEMMA tienen en común que han puesto en situación de riesgo la vida los docentes y estudiantes del sector público, dos sectores poblacionales que están en situación de pobreza, como también la impunidad con que han sido manejados ambos problemas.
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Por otro lado el Poder Ejecutivo se niega a llevar el presupuesto de educación hasta el 4% del PIB, monto que está garantizado, a través del Fondo de Fomento de la Educación, el cual está contenido en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Educación, lo que viola dicha ley e imposibilita la mejora de la calidad del sistema de educación pública, así como los salarios de los maestros.
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Ante la negativa del Poder Ejecutivo a aplicar las leyes, es a los poderes Legislativo y Judicial a quienes les toca defender los derechos del soberano, que es el pueblo dominicano, y con ello hacer cumplir la Constitución y las leyes del país.
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En este momento el Congreso Nacional, es tan culpable como el Poder Ejecutivo, en tanto no ha actuado con diligencia fiscalizando y fijando posición ante los graves problemas que afectan a los principales actores de la educación pública, estudiantes y maestros, como también ha sido corresponsables del incumplimiento sistemático de la ley de educación.
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El Poder Judicial también ha dado ejemplos de irresponsabilidad, no obstante la semana próxima se realizará una acción histórica para la sociedad dominicana, cuando sea sometido un recurso de amparo contra el presupuesto y ley de gastos públicos 2011, donde podrá demostrar que es un poder real del Estado dominicano.
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El Congreso Nacional, también contará con una oportunidad histórica para dejar de comportarse como súbditos y hacer realidad su poder, garantizando el cumplimiento de la ley de educación.
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Hoy los poderes Legislativo y Judicial deberán decidir si se colocan al lado de la sociedad o si terminan de llevar a la ilegalidad al Estado.
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Por otro lado el Poder Ejecutivo se niega a llevar el presupuesto de educación hasta el 4% del PIB, monto que está garantizado, a través del Fondo de Fomento de la Educación, el cual está contenido en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Educación, lo que viola dicha ley e imposibilita la mejora de la calidad del sistema de educación pública, así como los salarios de los maestros.
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Ante la negativa del Poder Ejecutivo a aplicar las leyes, es a los poderes Legislativo y Judicial a quienes les toca defender los derechos del soberano, que es el pueblo dominicano, y con ello hacer cumplir la Constitución y las leyes del país.
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En este momento el Congreso Nacional, es tan culpable como el Poder Ejecutivo, en tanto no ha actuado con diligencia fiscalizando y fijando posición ante los graves problemas que afectan a los principales actores de la educación pública, estudiantes y maestros, como también ha sido corresponsables del incumplimiento sistemático de la ley de educación.
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El Poder Judicial también ha dado ejemplos de irresponsabilidad, no obstante la semana próxima se realizará una acción histórica para la sociedad dominicana, cuando sea sometido un recurso de amparo contra el presupuesto y ley de gastos públicos 2011, donde podrá demostrar que es un poder real del Estado dominicano.
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El Congreso Nacional, también contará con una oportunidad histórica para dejar de comportarse como súbditos y hacer realidad su poder, garantizando el cumplimiento de la ley de educación.
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Hoy los poderes Legislativo y Judicial deberán decidir si se colocan al lado de la sociedad o si terminan de llevar a la ilegalidad al Estado.
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